Visiones contrapuestas sobre la libertad de prensa
Desde el surgimiento de las economías de intercambio los dos sistemas económicos contrapuestos[1], tanto el capitalista como el socialista[2], han tomado como suya la bandera de la libertad de prensa, por lo que han diferido en los criterios de generación y asignación de los medios de comunicación que serían necesarios para su existencia. Estos criterios dependen, en última instancia, de la concepción individualista o colectivista adoptada al respecto de los derechos individuales[3], de las clases sociales y de la misma noción de "pueblo" que será beneficiario de los mismos.

Interpretación democrático-liberal
(libertad de prensa como libertad negativa a la propiedad privada)
La libertad de prensa aparece como una extensión al derecho sobre la capitalización del trabajo personal, por lo cual todos tienen derecho a poseer una empresa de comunicación a condición de haberla creado y que se sostenga por el propio esfuerzo.
El pueblo como colectividad no representa al pueblo, sino la sociedad civil formada por una pluralidad autónoma de individuos. Considerando a estos como origen de toda voluntad, sólo el derecho de propiedad privada posibilita la representación real de las opiniones particulares.
La democracia se concibe como un mercado apolítico que no colectiviza las elecciones del público como consumidor, y será de éste que dependa la asignación de recursos y por ende el éxito o fracaso de los medios de expresión de los particulares que los desarrollen como inversores de riesgo, lo que incluye la creación de grandes empresas forzosamente reducidas en número.
La prensa no preexiste al capital: es un capital, considerado como producto personal, y debe ser creado sólo con el dinero de quienes deseen convertirse en empresarios periodísticos, de forma que el uso positivo del "derecho negativo" a la libertad de prensa es accesible a cada uno sobre cada propio medio de comunicación o porción accionaria del mismo, siendo su éxito dependiente del mercado de consumidores sin otra responsabilidad que la de afrontar pérdidas por no satisfacer a su respectivo público

libertad de prensa

HISTORIA

La instauración de gobiernos constitucionales a partir de diciembre de 1983 supuso para la actividad periodística un cambio profundamente positivo, que posibilitó el regreso de periodistas exiliados, la liberación de los trabajadores de prensa que aun permanecían encarcelados, la reapertura de los medios de prensa cerrados por la dictadura y, en general, una mayor libertad de expresión. Pero en los último años hubo una ofensiva contra la prensa que se resume en querellas judiciales (la mayoría de las veces iniciadas por funcionarios), agresiones a periodistas (la mayoría por parte de agentes de seguridad) y amenazas anónimas o abiertas.
El cumplimiento del derecho a la información y la libertad de expresión e información, está muy lejos de tener vigencia en la Argentina. A pesar de que el propio avance tecnológico que favorece la aparición de medios radiofónicos o televisivos nuevos y plurales, la credibilidad que a nivel mundial han ganado los medios en detrimento de otras Instituciones, y el rol que está asumiendo la prensa en el seno de estas complejas sociedades modernas, pareciera indicar que existe una mayor libertad de prensa, esto es relativo, y en todo caso se da por la fuerza de los hechos y no por la acción del gobierno, que más bien trata de acallar a los periodistas comprometidos con la verdad y con el desarrollo social de la humanidad.
En agosto de 1993, se desató una verdadera campaña contra los periodistas, ubicándolos como "la verdadera oposición a la gestión de gobierno". En esa fecha, en la inauguración de la Exposición de la Sociedad Rural con la presencia del Presidente de la Nación, un ostensible aparato de intimidación y agresión cobré a varios periodistas, enviados al lugar para cubrir el acto, como víctimas. A partir de esa fecha, cientos de periodistas fueron amenazados en todo el país. Los dos casos más notorios fueron las violentas agresiones físicas a los periodistas Marcelo Bonelli, de radio Mitre y diario Clarín, y Hernán López Echague, de Página/12, este último en dos oportunidades, así como el estallido de un artefacto explosivo en la radio FM La Tribu.
Durante varios meses Alberto Carlos Vila Ortiz, jefe de redacción del diario La Capital, de Rosario, Provincia de Santa Fe, fue objeto de amenazas contra él y su familia, y secuestrado en un automóvil durante unas horas, a plena luz del día.

DESAPARICIONES

El 11 de noviembre de ese año, Mario Bonino desapareció en el trayecto entre su domicilio a la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde se realizaba un seminario de la Utpba [Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires]. Cuatro días después su cadáver apareció flotando en el Riachuelo.
Estos casos así como los más de 500 de agresiones y amenazas (Agresiones: de la Policía federal a periodistas de ATC, en una marcha pidiendo trabajo; al sereno de la Utpba. Miguel Gavilán; a periodistas de diversos medios en la inauguración de la Exposición de la Sociedad Rural con la presencia del Presidente de la Nación. Amenazas: a periodistas del diario Página 12; al noticiero de Canal 13; a periodistas porteños que cubrieron el caso del asesinato del conscripto Carrasco; a dirigentes de la Utpba; y de parte del dirigente sindical Armando Cavallieri, amenaza de muerte contra periodistas de la revista Noticias), nunca fueron resueltos, a pesar de todas las denuncias hechas en tiempo y forma y de que el gobierno argentino designó un procurador fiscal -González Warcalde, de actuación lamentable- especialmente dedicado a estos hechos.
En materia judicial y legislativa, el gobierno ha iniciado querellas a decenas de periodistas y medios, en especial a aquellos que critican o apenas informan sobre actos de gobierno, muchas veces caracterizados de corrupción. Se condenó a los periodistas Marcelo Helfgot y Alberto Ferrari a pagar 25.000 dólares de multa por un artículo periodístico considerado injurioso por una Juez. El fallo está en apelación ante la Suprema Corte de Justicia.
En mayo de 1993, luego de una acción de la Utpba y otras entidades (se había llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la presión Internacional se derogó el delito de desacato del Código Penal, por el cual se había abusado en querellas a la prensa.
El Gobierno argentino enfoca al periodismo independiente como su principal adversario y a partir de allí desarrolla una política deliberada para acallar su voz.
Parte de ella es otro hecho reciente. El Poder Ejecutivo ha elevado al Congreso de la Nación, el 2 de enero de 1995, dos proyectos de ley que buscan restringir indebidamente este derecho. Uno de ellos modifica el Código Penal en el título referido a los delitos contra el honor; el otro establece la obligación de contratación de seguros para las empresas periodísticas de cualquier tipo, para garantizar los daños que eventualmente éstas pudieran causar al honor de las personas.

LIBERTAD DE PRENSA

La libertad de prensa es la potestad que todo ser humano tiene de imprimir y divulgar textos sean originales o acomodados a la disciplina de la empresa, independientemente de que país o región del mundo se trate. La libertad de prensa y la libertad de expresión van de la mano.
En los EE.UU. éste derecho está garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense.
No todos los países tienen garantizada, ya sea por una Carta de Derechos o su constitución, la libertad de la prensa: es el caso, por ejemplo, de Australia.

Visiones contrapuestas sobre la libertad de prensa Desde el surgimiento de las economías de intercambio los dos sistemas económicos contrapuestos[1], tanto el capitalista como el socialista[2], han tomado como suya la bandera de la libertad de prensa, por lo que han diferido en los criterios de generación y asignación de los medios de comunicación que serían necesarios para su existencia. Estos criterios dependen, en última instancia, de la concepción individualista o colectivista adoptada al respecto de los derechos individuales[3], de las clases sociales y de la misma noción de "pueblo" que será beneficiario de los mismos.

Interpretación democrático-liberal (libertad de prensa como libertad negativa a la propiedad privada)
La libertad de prensa aparece como una extensión al derecho sobre la capitalización del trabajo personal, por lo cual todos tienen derecho a poseer una empresa de comunicación a condición de haberla creado y que se sostenga por el propio esfuerzo.
El pueblo como colectividad no representa al pueblo, sino la sociedad civil formada por una pluralidad autónoma de individuos. Considerando a estos como origen de toda voluntad, sólo el derecho de propiedad privada posibilita la representación real de las opiniones particulares.
La democracia se concibe como un mercado apolítico que no colectiviza las elecciones del público como consumidor, y será de éste que dependa la asignación de recursos y por ende el éxito o fracaso de los medios de expresión de los particulares que los desarrollen como inversores de riesgo, lo que incluye la creación de grandes empresas forzosamente reducidas en número.
La prensa no preexiste al capital: es un capital, considerado como producto personal, y debe ser creado sólo con el dinero de quienes deseen convertirse en empresarios periodísticos, de forma que el uso positivo del "derecho negativo" a la libertad de prensa es accesible a cada uno sobre cada propio medio de comunicación o porción accionaria del mismo, siendo su éxito dependiente del mercado de consumidores sin otra responsabilidad que la de afrontar pérdidas por no satisfacer a su respectivo público.

Interpretación democrático-socialista (libertad de prensa como libertad positiva a la propiedad pública)
La libertad de prensa se presenta como parte del derecho a una parte compartida de los bienes comunitarios, por esto todos tienen derecho a ser parte en las empresas de comunicación existentes con independencia de su poder adquisitivo o de haberlas creado.
El pueblo tiene intereses comunes y una voluntad general cohesionada por estos. Considerando a ésta como origen de las ideas, sólo el derecho de propiedad pública posibilita la representación de las opiniones particulares acordes con el pensamiento popular.
La democracia se concibe como un Estado político que colectiviza participativamente las elecciones de la ciudadanía, y es éste el que decide conjuntamente el uso de los recursos comunes para la creación o manutención de medios de comunicación independientemente de su tamaño.
La prensa se planifica aparte de los criterios de beneficio por lo que se deduce del capital de la economía nacional, considerado como producto social, para asegurar el "derecho positivo" a la libertad de prensa para todos los ciudadanos mediante la participación popular unificada en todos los medios de comunicación existentes regulados democráticamente por el Estado.